"Según ACAI, la reforma anunciada situaría a España entre los países menos respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres"

Al cumplirse dos años de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo

El desarrollo normativo de la Ley de aborto se encuentra estancado 

Según ACAI, la reforma anunciada situaría a España entre los países menos respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres 

adrid, 04 jul. 12. AmecoPress.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, considera que durante estos dos primeros años de vigencia de la ley las mujeres han podido decidir sin tutelas sobre su maternidad, ya que el desarrollo de la norma ha facilitando y normalizado el acceso a la prestación sanitaria de aborto sin tener que justificar una decisión íntima y personal.

Bajo estas premisas, y según estudios de los centros acreditados, un 62’35% de las mujeres que abortan lo harían en cualquier circunstancia, no siendo sus motivaciones ni económicas, ni laborales, ni afectivas. En consecuencia, volver a una ley de supuestos restrictiva como la que apunta el Titular de Justicia, sería negarle a más de un 60% de mujeres su derecho a decidir, situándolas en los estrechos márgenes de la clandestinidad; ya que una mujer que decide abortar lo hará con amparo legal o sin el.

De producirse esta regresión normativa, en contra de todas las recomendaciones de los organismos y tratados internacionales (entre ellas las de la OMS); España podría ver incrementados los índices de morbimortalidad entre las mujeres que abortarían en cualquier circunstancia, sobre todo entre aquellas que no pudieran recurrir, por razones económicas, a un aborto fuera de nuestro país.

Asimismo, ACAI considera que la normalización del recurso ha sido posible gracias a la voluntad de los centros acreditados, quienes se han convertido de “hecho” en centros públicos a los que son derivadas las mujeres. Esta asimilación del recurso por parte de las clínicas acreditadas está situando a muchas de ellas al borde de la quiebra, ya que la falta de un partida presupuestaria específica en la ley y la escasa voluntad política de determinadas administraciones están incrementando la deuda acumulada con los centros asociados a ACAI en toda España, hasta situarla en más de 8 millones de euros (1.333.280.000 de Ptas.)

Para ACAI la situación de asfixia económica a la que se está sometiendo a los centros responde a un intento de frenar la normalización de un recurso que según las declaraciones de los dirigentes populares, dejará de ser considerado como prestación sanitaria básica antes incluso de la anunciada reforma legislativa, prevista para el próximo otoño.

Por otra parte, los/as profesionales de los centros quieren señalar que en contra de lo que pronosticaron desde distintos ámbitos políticos y sociales, la norma no ha supuesto un incremento del número de abortos; ya que las ligeras fluctuaciones que se han podido producir en las cifras globales derivan de una parte de la normalización del aborto no regularizado y de otra parte de la ralentización en la llegada de mujeres inmigrantes en edad reproductiva a nuestro país, consecuencia de la crisis económica; o de la asimilación del método contraceptivo por las residentes. Fluctuaciones más o menos acusadas en función de las particularidades de cada autonomía.

Para ACAI el desarrollo de la norma ha venido a corroborar lo que siempre sostuvo esta asociación: que las menores y más concretamente las mujeres de 16 y 17 años siguen viniendo mayoritariamente acompañadas de sus padres, como ya sucedía con la anterior ley; careciendo por tanto de sentido la intención del Partido Popular que aboga por eliminar la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan evitar en determinadas circunstancias el conocimiento paterno/materno de su gestación en el acceso al aborto.

Según las cifras que maneja la Asociación de Centros tan solo entre un 3 y un 4% (según clínicas) de las menores de 16 y 17 años que accedieron a un aborto, lo hizo sin conocimiento de su tutor legal. En todos los casos se trataba de situaciones de especial vulnerabilidad: menores en desamparo, padres con toxicomanías, progenitores en prisión, inmigrantes que residen solas en el país, abusos en el seno familiar…En consecuencia, negar a ese grupo minoritario, pero especialmente vulnerable, la posibilidad de acceder a una interrupción sin conocimiento paterno/materno, es abocarlas a un aborto clandestino o inseguro.

Por otra parte, ACAI denuncia que a día de hoy no se ha conseguido un acceso equitativo en todo el territorio dado que la variedad de conciertos o acuerdos de derivación existentes, uno por cada autonomía, está dando lugar a cauces de acceso tan diferentes que la mujer no tiene ni las mismas posibilidades de acceso a la prestación en cualquier punto de la geografía española, ni lo hace bajo las mismas condiciones. Dándose la circunstancia (caso de Castilla y León o Cantabria) de que en algunos casos el periplo médico y vital que una mujer puede tener que vivenciar para acceder a la financiación pública, puede conducirla a renunciar a la gratuidad de la intervención.

Pese a que la ley establece de manera categórica la necesidad de preservar la intimidad y confidencialidad de los datos de aquellas mujeres que acceden a la prestación; así como la obligatoriedad de codificar estos datos de carácter personal; hoy por hoy nos encontramos con que los datos de las usuarias quedan al descubierto durante el proceso de derivación en algunas comunidades autónomas tales como Murcia, Galicia o Valencia, sin que los centros acreditados tengan responsabilidad alguna en la revelación de dichos datos personales.

Para los/as profesionales de los centros, la ley se encuentra estancada en todos aquellos aspectos relativos a las medidas preventivas, la educación sexual, políticas dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, así como, en relación al desarrollo de una anticoncepción universal. Aspectos estos también contemplados en la norma y que simplemente son sistemáticamente obviados por las administraciones, cuando no obstaculizados.

Por último, ACAI insta al Ejecutivo a que reconsidere su postura, ya que tal y como afirman todos los organismos internacionales involucrados en la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres: las leyes restrictivas en materia de aborto en modo alguno favorecen la maternidad. Ya que una mujer que desea abortar lo hará en cualquier circunstancia, sea esta legal o no. Por tanto restringir el acceso a la interrupción del embarazo solo sirve para fomentar el aborto clandestino, el éxodo abortivo y la morbimortalidad entre las mujeres que acceden a un aborto.