El
colectivo feminista madrileño Las Tejedoras critica mediante un
cortometraje la revictimización por parte del sistema judicial que
enfrentan las mujeres que denuncian malos tratos y que se presenta como
única vía para salir de una situación de violencia. El mensaje
generalizado de que “nada se puede hacer si las mujeres no denuncian” se
utiliza como “lavado de manos institucional y social”, que impide a las
víctimas obtener apoyo y reparación.
“Señora, se limita usted a contar anécdotas inconexas, que
sólo demuestran la animadversión que siente hacia su marido”. “Le
estamos pidiendo pruebas, no vecinas”. “¿Que su marido la violaba? ¿Se
da cuenta de que está haciendo una acusación gravísima?”. El
cortometraje ‘La última gota’, realizado por el colectivo feminista Las
Tejedoras, ficciona situaciones reales de mujeres que denunciaron a sus
parejas por violencia de género y se enfrentaron a juicios en los que
profesionales con escasa formación las trataron como sospechosas.
Además, la cinta señala la falta de voluntad mostrada por el Gobierno
español para atajar la violencia machista y la tendencia de la clase
política y de los medios de comunicación de responsabilizar a las
víctimas, con el consabido “No las podemos ayudar si no denuncian”.
“Hay que facilitar otros mecanismos para atajar las
situaciones de violencia: a través de los centros de salud, los
colectivos de mujeres, otros servicios sociales… El Estado no es sólo
policía y juzgados”
El guion se basa en la experiencia de integrantes del colectivo que
se dedican a la abogacía y al trabajo social. Las escenas se intercalan
con animaciones en las que una voz en off aporta datos alarmantes, como
que el 73% de casos de violencia de género no se denuncian, que desde
2009 el número de denuncias ha ido en descenso, mientras ha crecido el
porcentaje de denuncias retiradas y que se ha reducido en un 12% el
número de órdenes de alejamiento concedidas. Tres de las ‘tejedoras’,
Elena Saura, Isabel Cáceres y Julia Yagüe, explican que el objetivo con
este proyecto es “crear debate social e invitar a construir
alternativas” para luchar contra la violencia machista. “Puede servir
para que las mujeres que piensen en denunciar sepan con qué se pueden
encontrar y vayan mejor preparadas, para que quienes ya han vivido
situaciones similares sepan que no son las únicas, y para que las y los
profesionales tomen conciencia y se formen”, añade Cáceres.
¿Qué balance hacéis diez años después de la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género?
Julia Yagüe: La ley tenía sus limitaciones, pero
introducía avances en lo relativo a la violencia en el contexto de la
pareja; por ejemplo, proponía alternativas para garantizar una
asistencia integral a las mujeres. Esas promesas no sólo no se están
cumpliendo, sino que el proceso judicial se convierte en una nueva
fuente de violencia.
Elena Saura: En los siete años de aplicación de la
ley, ha aumentado en un 158% el sobreseimiento de las causas; las
denuncias se archivan por falta de pruebas. Amnistía Internacional ha
emplazado al Gobierno a evaluar la aplicación de la ley y a investigar
por qué las mujeres no denuncian y por qué son cada vez más las que
retiran las denuncias.
¿Qué compromisos institucionales reclamáis vosotras?
Saura: Que se cumpla la ley. Es papel mojado si no
se dota de presupuesto para su desarrollo. La formación de quienes
trabajan en los llamados juzgados especializados se limita a un curso
virtual que no permite suficiente profundización, mientras que otras
especialidades exigen estudiar dos años. Exigimos una formación profunda
y con perspectiva de género. Y hay que facilitar otros mecanismos para
atajar las situaciones de violencia: a través de los centros de salud,
los colectivos de mujeres, otros servicios sociales… El Estado no es
sólo policía y juzgados.
Yagüe: Sólo un 30% de las mujeres en situación de
maltrato se plantea interponer una denuncia, pero el 100% van al centro
de salud con síntomas asociados al maltrato, como dolores de cabeza o
depresión. Una mayor especialización por parte de las y los trabajadores
de los servicios sociales y de salud permitiría que detecten
situaciones de violencia y hagan un acompañamiento efectivo. No podemos
denunciar una situación de violencia cuando estamos machacadas
psicológicamente, con la autoestima por los suelos y sin apoyos.
En el vídeo replican la memorable afirmación de la ministra
Ana Mato: “No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el
Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”.
Yagüe: Ese discurso es un lavado de manos. Si no
denuncias te acusan de que no quieres interrumpir esa situación de
violencia. Y cuando denuncias, la situación de violencia no se
interrumpe, porque las mujeres encuentran violencia institucional en un
proceso judicial que además las pone en riesgo.
“En los juzgados se cuestiona constantemente la
veracidad del testimonio de la mujer y se le exige aportar pruebas. En
otro tipo de delitos hay una investigación, una búsqueda de pruebas, se
llama a testigos”
Isabel Cáceres: Tú vas al juzgado y esperas justicia
y reparación. Eso sería lo normal, pero no es lo que está ocurriendo,
porque el sistema judicial es patriarcal.
Saura: Ha calado en la ciudadanía el mensaje
generalizado de que no se puede atajar el problema si las mujeres no lo
denuncian. Nosotras no decimos que no recurran a la vía penal, sino que
llamamos a que ésta no sea el único mecanismo válido para salir de una
situación de violencia y que cuando se denuncie se establezca una
protección de derechos para que las mujeres no se vean violentadas en el
proceso. Además, las campañas de sensibilización suelen poner el foco
sólo en la víctima, nunca en los maltratadores, que no están siendo
repudiados socialmente.
Muestran a víctimas de violencia de género acorraladas en duros interrogatorios.
Yagüe: En los juzgados se reflejan todos los
prejuicios sociales. Se cuestiona constantemente la veracidad del
testimonio de la mujer y no se la deja relatar su historia a su manera:
“Conteste sí o no”. Y recordemos que muchas no dominan el castellano. En
otro tipo de delitos hay una investigación, una búsqueda de pruebas, se
llama a testigos. En los delitos por violencia de género, a la mujer se
le exige aportar pruebas que determinen que ha vivido esas situación.
Además, sólo tienen en cuenta la violencia física, en vez de entender
que es la puntita más visible de una pirámide de violencia que incluye
acoso, control, desprecio, violencia sexual… ¿Cómo demuestras que has
sido sistemáticamente despreciada o minusvalorada por tu pareja?
¿No se aceptan testimonios y peritajes para probar la violencia psicológica?
Cáceres: Cuando es juicio rápido no suelen intervenir profesionales de servicios sociales.
Yagüe: Solicitar informes a profesionales -que
sabemos detectar si un testimonio es veraz- es una buena práctica que la
mayoría de jueces no contempla. Además, se juzga la última situación
concreta que motivó la denuncia, en vez de abrir diligencias para
investigar que es una violencia habitual.
Saura: Los testimonio de vecinas que han sido testigos tampoco se suelen admitir.
Los juicios rápidos sonaban a avance, pero la consecuencia es que la denunciante llega a la vista con poca preparación.
Yagüe: Interponen la denuncia desinformadas, recién
salidas de la situación de violencia, y el contenido de la denuncia
tiene mucho peso en el juicio. La ley establece el derecho al
asesoramiento jurídico gratuito desde antes de la interposición de la
denuncia, pero muchas veces se encuentran con el abogado cinco minutos
antes de la comparecencia.
Saura: Y una historia de violencia no es algo que se cuente en cinco minutos.
Cáceres: Muchas comisarías no saben aplicar los
protocolos. Los turnos de abogacía de guardia son recursos escasos. La
policía les dice: “Huy, la abogada puede tardar horas en venir, no le va
a hacer ni caso y le va a cobrar” y les convence de que “vuelva usted
mañana”.
Una piensa que con la denuncia cesará el maltrato, y se
encuentra con el inicio de un proceso que implica más violencia, por
parte del agresor y del sistema judicial.
Cáceres: No se promueve el empoderamiento de las
víctimas para que puedan sobrevivir a la vía penal. Existen muy pocos
servicios sociales que no exijan presentar denuncia, y se tarda meses en
tener una cita con una psicóloga. Es mínimo el porcentaje de mujeres
que reciben atención previa antes de poner la denuncia.
Saura: La ley contempla la atención psicológica, pero no es obligatoria.
“Es una estrategia recurrente que ellos afirmen que
también sufrieron maltrato. El resultado suele ser una orden de
alejamiento mutua o que las causas se archiven
Yagüe: Los agresores con sentencia favorable salen
del proceso judicial cabreados por lo que “esa tipeja se ha atrevido a
hacer”, crecidos e impunes, sienten que nadie les va a detener. Muchas
veces las mujeres tienen que huir, lo que se traduce en desarraigo para
ellas y para las hijas y hijos a su cargo. Los maltratadores siguen
yendo al bar de la esquina, al mismo trabajo, quedan con los amigotes.
No hay respuesta social.
Destacan que entre 2011 y 2012 651 mujeres fueron condenadas
como consecuencia de las contradenuncias presentadas por sus agresores.
Yagüe: Es una estrategia recurrente que ellos
afirmen que también sufrieron maltrato (aunque esto no se juzga como
violencia de género sino como delitos comunes). El resultado suele ser
una orden de alejamiento mutua o que las causas se archiven. También
abundan las presiones a las mujeres para que retiren la denuncia, como
decirles que piensen en las consecuencias que la orden de alejamiento
tendrá para los hijos.
Cáceres: En muchos casos, a las mujeres las atienden
abogados del turno de oficio, mientras que los hombres pueden contratar
a letrados mucho más activos.
Saura: Los maltratadores se informan, tienen foros
en internet. Y el sistema patriarcal les beneficia, porque si el
personal de los juzgados de violencia de género no están bien formado,
los prejuicios machistas se imponen. Nosotras tenemos que ir al juicio
mucho más armadas y empoderadas.
Y uno de los prejuicios que condiciona a las y los
profesionales de la justicia es el de que las mujeres denuncian malos
tratos en falso.
Yagüe: Las denuncias falsas por violencia de género
representan el 0,0038% (según los datos de 2012 de la Fiscalía General
del Estado) y, sin embargo, esta fábula que se divulga constantemente.
Los machistas presentan los datos de sobreseimiento de casos como
indicador de denuncias falsas. Pero recordemos que recabar pruebas es
difícil, entre otras cosas porque pone a las mujeres en situaciones de
riesgo: por ejemplo, coger el móvil para grabar al agresor durante un
episodio de violencia puede aumentar su enfado.
Si asumimos que la vía penal no está funcionando, ¿qué puede
hacer la ciudadanía para detectar y combatir la violencia de género?
Saura: Es importante concienciar a la gente desde la
infancia, pero el Gobierno eliminó la asignatura de Educación para la
Ciudadanía: si en las escuelas ya se hablaba poco de igualdad, de
derechos humanos, de violencia, ahora ni eso.
Yagüe: Nos hemos relajando pensando que las
instituciones estaban haciendo algo. Estamos tomando conciencia de que
la respuesta institucional no es suficiente, de que tenemos que hacer
algo, pero no tenemos herramientas. Hemos de empezar a pensar
estrategias colectivas y trabajar en autodefensa feminista para promover
el empoderamiento de las víctimas y enfrentar a los agresores. Si
queremos acompañar bien a una mujer que enfrenta violencia, hemos de
asesorarnos, no juzgarla y tener mucha paciencia. Resulta frustrante
cuando una amiga no se anima a denunciar, pero recordemos que es muy
valioso que sepa que estamos ahí, que cuando lo necesite nos puede
llamar, venirse a nuestra casa… Y eso rompe el cerco de aislamiento que
fortalece al maltratador.
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