viernes, 28 de julio de 2017

BERDINTASUNA/IGUALDAD

IGUALDAD¿Quién es responsable de borrar a las mujeres de los libros de texto?

A diez años de aprobarse la Ley de Igualdad, Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas no han avanzado en visibilizar el papel de las mujeres, lo que potencia la brecha salarial, la discriminación y la violencia de género.
"¿Sabe qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? ¿Y cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna", espetó el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke hace unos días a la parlamentaria española Iratxe García para justificar que las mujeres ganaran menos salario porque son “más débiles, más pequeñas y menos inteligentes”.
El comportamiento del eurodiputado neonazi generó estupefacción a lo largo y ancho de Europa. Probablemente Korwin-Mikke no conozca a ninguna mujer que haya hecho algo de provecho en la historia, pero la triste realidad es que los jóvenes españoles que acaban la enseñanza obligatoria tampoco podrían nombrar demasiadas. ¿De quién es la culpa?
Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Igualdad y tras varios cambios en las leyes educativas que establecen la obligación de no discriminar a las mujeres, ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas han dado los pasos necesarios para garantizar la presencia de mujeres en los libros de historia, matemáticas, física o filosofía. Peor aún: ni siquiera creen que sea su responsabilidad. En un curioso caso de incompetencia compartida, Gobierno y Comunidades se pasan la pelota unos a otros repitiendo que este asunto escapa a 


"¿Sabe qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? ¿Y cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna", espetó el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke hace unos días a la parlamentaria española Iratxe García para justificar que las mujeres ganaran menos salario porque son “más débiles, más pequeñas y menos inteligentes”.
El comportamiento del eurodiputado neonazi generó estupefacción a lo largo y ancho de Europa. Probablemente Korwin-Mikke no conozca a ninguna mujer que haya hecho algo de provecho en la historia, pero la triste realidad es que los jóvenes españoles que acaban la enseñanza obligatoria tampoco podrían nombrar demasiadas. ¿De quién es la culpa?
Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Igualdad y tras varios cambios en las leyes educativas que establecen la obligación de no discriminar a las mujeres, ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas han dado los pasos necesarios para garantizar la presencia de mujeres en los libros de historia, matemáticas, física o filosofía. Peor aún: ni siquiera creen que sea su responsabilidad. En un curioso caso de incompetencia compartida, Gobierno y Comunidades se pasan la pelota unos a otros repitiendo que este asunto escapa a sus atribuciones y culpando a las editoriales que elaboran los libros de texto de la escasa presencia femenina en los manuales. Una invisibilidad que, según todos los expertos consultados, incide de manera directa en la discriminación de la mujer que se perpetúa de generación en generación.
Ministerio y Comunidades no han dado pasos para incluir a las mujeres en los libros de texto y pasan la pelota a las editoriales
Pocas, y en ocasiones ninguna, son las referencias que aparecen de mujeres en los libros de texto de nuestros escolares. Según un reciente estudio publicado por Ana López-Navajas, investigadora de la Universidad de Valencia, las referencias a mujeres en los libros de texto de secundaria es de apenas el 7%, cifra que disminuye hasta el 5 o el 1% en materias como las ciencias o las tecnologías, respectivamente. Además de su escasa presencia, los textos siguen primando los roles 'feminizados' de las mujeres: son madres, enfermeras, reinas, santas... pero raramente científicas, pensadoras, ingenieras, astronautas, matemáticas o actoras de transformación social.

¿Quién pone a las mujeres en los libros de texto?

Las leyes indican que decidir los contenidos de los libros escolares es una responsabilidad compartida del Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, cuando indagamos sobre este punto ambas administraciones escurren el bulto y vuelcan la responsabilidad final en las editoriales.
"Este asunto es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Editoriales, que son con las que tienen acuerdos las propias administraciones regionales", es la respuesta que nos dio el Ministerio de Educación, tras pedirles durante varios días explicaciones sobre qué pasos ha dado el Gobierno para garantizar que la Ley de Igualdad se aplica en los libros de texto.
Cuando insistimos al Ministerio para que sea más específico acerca de su responsabilidad sobre los contenidos de los manuales escolares y de hacer cumplir las leyes de igualdad, su respuesta apunta a que son las editoriales las encargadas de interpretar las leyes y trasladarlas a los manuales. "La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa", explican en un mail, sin acceder a que hablemos con un responsable. 
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid responde citando el decreto 48/2015 de educación secundaria, que especifica que se "fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social".
Según advierten los expertos en igualdad, parte del problema está en que para las autoridades educativas potenciar la "igualdad efectiva" es simplemente una cuestión de no utilizar un lenguaje sexista ni publicar viñetas en las que se promueva abiertamente la violencia contra la mujer. Y poco más.
Para las autoridades educativas, potenciar la igualdad es simplemente una cuestión de no utilizar un lenguaje sexista
Montserrat Soriano, subdirectora de Ordenación Académica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, reconoce que esta administración no incorpora ninguna ampliación al currículo de las materias troncales que dicta el Ministerio, aunque tiene potestad para ello. "Vamos a intentar sacar este año un área relacionada con la igualdad y los colectivos más vulnerables", aunque será de carácter opcional. Según nos explica Soriano, esta institución no tiene relación directa con las editoriales que elaboran los libros de texto y la supervisión de los contenidos corresponde a la inspección educativa.
¿Estamos simplemente ante un caso clamoroso de desafección de las Administraciones gobernadas por el Partido Popular (Gobierno y Comunidad de Madrid) ante una ley aprobada por un Gobierno socialista? Pues parece que no. O al menos no solo sucede en las comunidades regidas por el Partido Popular. Los responsables de la Junta de Andalucía, quienes tienen a gala ser la primera Comunidad en aprobar un plan de coeducación en sus aulas, también reconocen que no hay directrices específicas por parte del legislativo de esta Comunidad Autónoma que obligue a las editoriales a incluir más nombres de mujeres en los libros de texto.
"La Consejería de Igualdad, en colaboración con el departamento de Educación, marca ciertas pautas y recomendaciones para que los planes de estudios se aborden desde una perspectiva de género, con un lenguaje no sexista". Desde esta consejería matizan que "el diseño curricular de cada asignatura no depende en última instancia de las empresas que hacen los libros de texto, sino de la autonomía pedagógica de cada colegio y de la libertad de cátedra de cada profesor”.

Transversal e invisible

Hay tres mantras que esta redactora ha escuchado hasta la saciedad a lo largo de la última semana de llamadas a distintos Ministerios, administraciones autonómicas y expertos: "no es nuestra competencia", "los temas de educación están transferidos" y "la igualdad de género es un tema transversal". "Tan transversal es el tema de la igualdad, que en los currículos del Ministerio no lo ves en ningún lado, más allá que en un párrafo de intenciones", afirma MariLuz González Rodríguez responsable de Mujeres de la Confederación Interseccional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES).
"Es el Ministerio de Educación quién tiene la responsabilidad de los contenidos curriculares. Si introdujera en el capítulo de metas la aportación de las mujeres en áreas como química u otras asignaturas, las editoriales estarían obligadas a incluirlas", afirma Mario Bedera, profesor de la Universidad de Valladolid y ex-secretario de Estado de Educación con el PSOE.
"Modificar los currículos no es tarea fácil, pero se podría haber aprovechado el cambio de ley a la LOMCE para hacerlo e integrar una mayor perspectiva de género en ellos", añade Bedera.
Los currículos que elabora el Ministerio son muy generales y las editoriales tienen una total libertad a la hora de enfocar los temas y a quién se los encarga. Además son empresas que tienen fuertes intereses económicos e ideológicos detrás", concluye Bedera.
"No hay prácticamente diferencia entre las editoriales. Las que no están en manos de la iglesia, o cuyo capital no pertenece prioritariamente a la iglesia católica, son inmovilistas y siguen haciendo los libros de texto como toda la vida. El currículum no es neutro y está determinado por una cierta ideología", afirma José Luis Pazos, presidente de la Confederación de Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA).
"Varias de las editoriales pertenecen a la iglesia católica o son inmovilistas y siguen haciendo los libros como toda la vida"
De hecho, varias de las editoriales más conocidas han sido creadas por congregaciones religiosas o están en sus manos. Es el caso de la Editorial SM (iniciales de Sociedad de María), fundada por los maristas en 1918 y que hoy en día es accionista mayoritaria de la editorial religiosa Promoción Popular Cristiana y tiene presencia en nueve países de América Latina. La Editorial Edelvives pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas y mediante su editorial fomentan lo que ellos denominan “humanismo cristiano”. Por su parte la editorial Bruño, fue constituida por los Hermanos de La Salle que fue vendida al grupo Hachette Livre, aunque manteniendo participación en el negocio. La editorial EDEBÉ fue creada por padres salesianos y posee hoy una importante presencia en varios países de América Latina. Sin embargo, como apuntan varios expertos consultados, a la hora de colocar a las mujeres en los libros, las editoriales no tienen grandes diferencias.
"Aunque hay algunas que han mostrado cierta sensibilidad (como el caso de SM o Santillana), la realidad es que lo que hacen todas es trasladar la cultura masculina como si fuera la universal. De hecho, los materiales de las editoriales no cumplen con la ley, porque uno de los objetivos marcados para secundaria (por ejemplo), es proporcionar los elementos, los referentes básicos de la cultura, la ciencia, las humanidades... y si no se tienen en cuenta las producciones de las mujeres, los únicos referentes básicos que transmiten son los masculinos", afirma López-Navajas.
"Los materiales de las editoriales no cumplen con la ley, porque no tienen en cuenta las aportaciones de las mujeres y los únicos referentes básicos que transmiten son los masculinos"
"Tenemos una de las leyes más pioneras en materia de Igualdad, pero no se aplica ni se ha desarrollado. Por eso no hay lenguaje inclusivo y se sigue invisibilizando a la mujer mientras se deja a las editoriales hacer lo que quieran", comenta MariLuz González del sindicato STES.
Por este motivo, su área elabora desde 2005 un calendario anual resaltando la aportación de las mujeres en distintas áreas como la filosofía, la ciencia, las creadoras de opinión, las activistas... para que se utilice como material coeducativo. Contienen 365 mujeres (una pro cada día del año).
Pero el profesorado tiene también responsabilidad, porque la libertad de cátedra le permite incluir a las historias de mujeres y ya existe gran cantidad de material a su disposición.  "El problema es que la calidad de la educación de los profesores es muy mala y no se incluye ninguna materia sobre perspectiva de género. En secundaria a los licenciados de cualquier rama les basta hacer un máster de un años para estar preparados para dar clases", afirma MariLuz González.
Todos los expertos coinciden en la importancia que tienen los libros de texto en la educación, porque enseñan una visión del mundo y son un referente de cómo se forma el pensamiento y de cómo entendemos el pasado y el presente.
"Las consecuencias son terribles: influye en la brecha salarial, perpetúa la violencia de género y supone la pérdida de potencial intelectual"
"El machismo utiliza la ignorancia para perpetuarse y las mujeres están interesadamente invisibilizadas. Las consecuencias de esto son terribles, porque a largo plazo influye en la creación de la brecha salarial, en la perpetuación de la violencia de género y en la pérdida ingente del potencial intelectual. La educación no empodera a las niñas para aprovechar su talento, sino que les niega referentes en los que mirarse y las encasilla en comportamientos y carreras 'feminizadas', afirma Luz Martínez Ten,  responsable de Mujer y Políticas de Igualdad de la Federación de Empleados Públicos de UGT.
"Han existido mujeres excepcionales a lo largo de la historia, pero el hecho de que sigamos así, ignorándolas, es porque además de tener un marco legal tiene que existir voluntad política. Las leyes si no, no sirven para nada", añade Martinez Ten.
"Existe un currículo oculto. Si bien parte de la educación es visible (como las leyes), también hay mensajes escondidos que refuerzan los estereotipos: lenguaje sexista, actitudes y los libros de texto, que son tremendamente importantes, no sólo por lo que dicen, sino también por lo que no dicen. Los libros son el referente de cómo se forma el pensamiento, cómo entendemos el pasado y el presente y en ellos las mujeres no hemos aportado nada", concluye Luz Martínez.  

Ciudadanos exige al Gobierno que incluya a mujeres

Recientemente Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNDL) en la que pedía al Gobierno medidas para aumentar la presencia de mujeres en los libros de texto y reconocer su papel en la Historia.
En su escrito, la formación naranja afirma que "los libros de texto sirven para transmitir conocimientos, modelos, valores y patrones de comportamiento. Pero, ¿cuál es el papel que juegan en ellos las mujeres? A pesar de que la legislación educativa aboga por la igualdad, muchos materiales didácticos siguen transmitiendo estereotipos sexistas y relegando a las mujeres a un clarísimo segundo plano".
Según Ciudadanos, la solución no pasa de hacer distribuciones paritarias de la cantidad de personajes sino de incluir a las mujeres en el discurso histórico.
"La ausencia de la mujer en el lenguaje, en las imágenes y en los temas de los que es protagonista no solo es un hecho, sino que es asumida como normal. Cuando aparecen, es como un añadido, un pegote o «cuota», que no tiene que coordinarse con el resto del texto. Y a veces ni siquiera aparecen. La aportación de las mujeres a la sociedad se considera anecdótica y no importante para la explicación que se desarrolla".

El texto insta al Gobierno a aumentar los contenidos del currículo escolar a fin de dar a conocer figuras femeninas relevantes en la Historia. y a trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas para que las mujeres tengan una mayor presencia en las asignaturas escolares a fin de promover el papel de éstas y contribuir a su reconocimiento en los avances científicos e históricos.

miércoles, 26 de julio de 2017

BERRIAK/NOTICIAS

Gizartea

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MIGUEL LORENTE. GENERO INDARKERIAN ADITUA

«Matxismoari leku handiegia uzten zaio oraindik»

Espainiako Kongresuan hitzarmena egin dute genero indarkeriari aurre egiteko. Motz geratu da, Lorenteren iritziz, baina adostasuna goratu du. Uste du giltzarri dela matxismoaren aurka.
Argazkia: MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS
2017-07-26 / Garikoitz Goikoetxea
Genero indarkeriari aurre egiteko ituna onartu zuten herenegun Espainiako Kongresuan. Gaia landu duen batzordean hainbat adituk parte hartu dute, eta tartean dago Miguel Lorente (Seron, Andaluzia, Espainia, 1962). Granadako Unibertsitateko irakaslea da, eta, besteak beste, Espainiako Gobernuan genero indarkeriari buruzko ordezkaria izan zen 2008-2011 artean, PSOE agintean zegoela.

Adostasuna egin dute Kongresuan, baina eskas geratu dela esan dute oposizioko talde batzuek. Zer ikuspegi duzu zuk?

Akordio gisa inportantea da. Baina, bai, gutxienekoa da: urrunago joan behar zuten. Baina akordioa dago, eta gauza oso garrantzitsua da adostasuna. Matxismoak horrelako neurriak aurkezten ditu gizartearen zati baten inposizio gisa, eta oso garrantzitsua da parlamentuan adostasun hori egotea.

Batzordean izan zinen aditu gisa.

Planteatu nien matxismoaren aurkako itun bat egitea, ez genero indarkeriaren aurkakoa. Hutsune hori sumatu dut: matxismoari espazio handiegia uztea oraindik. Hiltzaileak eta erasotzaileak irteten diren espazio horri. Garrantzitsua da espazio horri aurre egitea.

Salaketa jartzea ez da beharrezko izango andreak biktimatzat jotzeko. Pauso garrantzitsua da?

Pausorik garrantzitsuena. Matxismoak lortzen du ikusezintasuna eta zigorgabetasuna egotea: indarkerian harrapatuta egotea emakumeak. Oinarrizkoa da hori haustea eta emakumeek arreta jaso ahal izatea salaketa jarri gabe —ez baitute ikusten lehen aukera gisa—. Ahalbidetuko du ikusezintasun eremu horretan sartzea.

Babesik eza dago gehienek salaketa ez jartzearen oinarrian?

Kultura eta identitate arazoa da gehiago: uste izatea bikotean normala dela hori, eta, are, zu zeu zarela erantzulea. Espainiako azken inkestan, salatzen ez duten emakumeen %44k esan zuten ez dutela salatzen jasaten duten indarkeria ez delako hain larria. Ez da indarkeria jartzen auzitan, baizik kopurua. Eta, hor harrapatuta bazaude, indarkeria kopuru handiagoa onartzen da. Kulturala da. Gizon hiltzaile gehienek beren burua entregatzen dute: beren identitatea, irudia eta balioak defenditzeko hiltzen dituzte, eta gizon gisa onartzen dute zigorra. Uste dute egin beharrekoa egin dutela. Normaltasun horretatik dator salaketa ez jartzearen zati handiena.

Biktimei laguntzeko neurriak aipatu dituzte. Zer laguntza behar da, eta badago laguntza horren garrantziaren kontzientziarik?

Kontzientzia handirik ez dago, ez. Uste izaten da delitu bat gehiago dela, besterik gabe. Prozesu nahasgarria da: errudun sentitzen dira, epaitu egiten dituzte... Segurtasunik eza sortzen die andreei. Laguntza profesional batek emateak —ez edonork— ekar dezake andreak aurrera egitea prozesu konplexu horretan. Gainera, erraztuko luke andreak bere kabuz erabakitzea, ez beste batzuen eraginpean.

Hizpide hartu dute beste gai bat: erasotzaileen aurka ez deklaratzeko aukera dute emakumeek, akusatua senide zuzena dutelako. Kendu behar da aukera hori?

Bai. Salaketen eta aurreko deklarazioen bitartez, emakume horiek erakutsi dute indarkeriatik irteteko gogoa badutela, baina esaten diete ez deklaratzeko aukera dutela, edo abokatu bulego batzuek aukera hori erabiltzen dute emakumeek atzera egin dezaten. Eragotzi egin behar da hori. Artikulu hori ez zen horrelako kasuetarako egin. Gutxiengoak salatzen du, eta salatzen dutenen %70 ez dira epaiketara joaten. Zigorgabetasuna errazten du horrek.

Kartzelatuta dauden erasotzaileek ez dute seme-alaba adingabeen bisitarik jasoko. Epaileen esku dago erabakia orain, eta beharrezko da debekua jartzea?

Behar da, bai. Erreferentzia kulturalen gainean eraikitako indarkeriaz ari gara, eta gizartearen estereotipo berberez blaituta daude hainbat arlotako profesionalak ere. Subjektibotasunari eremu handia uzten zaionean, aurreiritzi horietatik jarduten du subjektibotasunak. Eta ikusi dugu hainbat ideia daudela gizartean: gizon erasotzaile bat izan daitekeela aita ona eta horrelakoak. Izugarrikeria da, baina hor dago. Kultura matxista horrek onartzen du erasotzaileek umeen bisitak izatea eta bisita horiek baliatzea emakumeengan eragiteko edo adingabeengan inpaktua sortzeko, eta egokia da hori mugatzea. Ez da aitatasuna kentzea: ez dagoenean bermatua umeek ez dutela jasango indarkeria horren inpaktua, hori kontrolatzea eta mugatzea.

2004ko legeak hainbat jardun ezarri zituen hezkuntzaren esparruan, eta oraingo itunak ere bai. Behar beste garatu da arlo hori? Nola bideratu heziketa?

Ez da behar adina jorratu; gainontzean beste egoera bat genuke orain. Gazteen artean ez da desagertu genero indarkeria, edo, areago, handitu egin da. Hezkuntzan indar egin behar da, garai horretan ari baita identitatea sendotzen. Erreferentzia kulturaletatik dator emakume izateko eta gizon izateko forma bat, eta hori auzitan jarri behar da. Horrek eskatzen du etengabeko jarduna, ezagutzaz eta informazioz hornitua, eta ez Martxoaren 8aren edo Azaroaren 25aren inguruan gauza zehatz batzuk egitea soilik. Indarkeria atzematearekin lotu behar da hori: etxean indarkeria giroa badago eta eskolan aurkakoa esaten ari badira, etxekoak du askoz pisu handiagoa. Eta ikasgelatik kanpora begiratu behar da: bideo jokoak, publizitatea, telesailak... Gainerako guztia berdin badago, zaila da ikasgelak eragina izatea.

Kongresuan eztabaida izan dute genero indarkeriakontzeptuari buruz ere. 2004ko legearen lehen artikulua moldatu behar dela uste duzu, kontuan izanik bikote harremanarekin lotzen duela genero indarkeria?

2004ko legearen hitzaurreak dio erreferentzia kultural horien gainean eraikitako indarkeria dela genero indarkeria. Baina lege hori bikotean zentratzen da. Lehen aldia zen kultura indarkeriarekin lotzen zena, eta bikotea hartu zen, oso ohikoa eta larria delako. Lan egiteko era bat zen. Baina ez zen ukatu beste gisa bateko genero indarkeria: mutilazioa, sexu erasoak, jazarpena, ezkontza behartuak... Baina, bai, gizartea helduagoa da orain, eraikuntza kultural horren aurrean jarri da, eta, erkidego batzuetako legeak bezala, estatukoak ere jaso behar ditu beste indarkeria mota batzuk, genero indarkeriaren parte baitira.

Baina, legeari dagokionez, batera har daitezke, esate baterako, bikote barruko genero indarkeria eta emakumeen salerosketa?

Gobernuaren edo parlamentuaren araberakoa da hori. Dena genero indarkeriatzat jotzeak ez du esan nahi denak lege berean egotea. Genero indarkeriaren ugaritasuna hain da handia, neurri eta baliabide ezberdinak behar baititu. Adibidez, ezin dira babes etxe berean sartu tratu txarrak jasan dituzten emakumeak eta salerosketaren biktima izan direnak.

Ituna egin dute. Orain zer pauso eman behar dira abian jartzeko?

Lehenik, plan bat behar da, modu egokian integratzeko eta egokitzeko neurri guztiak. Oso zabalak eta zatikatuak baitira oraingoz. Mila milioi euro bost urtean dirua da, baina mugatua. Ni gobernuan nengoenean, genero indarkeriarako aurrekontu osoa hartuta, 380 milioi euro ziren urtean, eta, bost urtean, ia 2.000 milioi. Beraz, mila milioi horietatik haragoko inbertsioa beharko da. Gainera, kontuan hartu behar da oraingoak bultzada izan behar duela, ez baikara hutsetik hasten. Eta aintzat hartu behar da esparru kulturala: eremu handia du matxismoak. Baita parlamentu horretan ere.

http://www.berria.eus/paperekoa/1863/004/001/2017-07-26/matxismoari_leku_handiegia_uzten_zaio_oraindik.htm

martes, 25 de julio de 2017

BERRIAK/NOTICIAS

NOTICIAS

Acuerdo de mínimos contra la violencia de género

Un avance importante, aunque insuficiente, según Psoe y Podemos
      

Madrid, 25 julio. 17. Amecopress. Los partidos han llegado a un acuerdo sobre el contenido fundamental del pacto de Estado contra la violencia de género. La Ponencia del Senado y la subcomisión del Congreso, reunidas este lunes en sendas sesiones, han acordado las líneas generales de la estrategia de lucha contra la violencia machista, que en lo que va de año y según fuentes oficiales, se ha cobrado la vida de 35 mujeres. Avance, diálogo hasta un acuerdo de mínimos que adolece de un enfoque feminista.

200 medidas y cerca de 1.000 millones de inversión en cinco años. Eso es lo que han aprobado por unanimidad en la Subcomisión del Congreso, aunque PSOE y Podemos han anunciado que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate del acuerdo, previsto para el próximo viernes 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso. Si bien, las portavoces de ambos grupos se han mostrado satisfechas por el diálogo que ha permitido llegar a este “acuerdo de mínimos”, consideran que es "insuficiente" y "descafeinado".
El pacto alcanzado después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de personas expertas, contempla medidas para ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas. También otorga una especial importancia a la prevención a través de la educación
El artículo primero del pacto es uno de los temas que más ha costado cerrar, porque en él se recogen cuestiones conceptuales que lo condicionan, como la definición de la violencia de género. De acuerdo al Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Aunque el pacto recoge medidas para proteger a las víctimas de trata y de matrimonios forzados, “adolece de un enfoque feminista” según ha explicado la diputada Ángela Rodríguez, de Podemos, para quien es fundamental, como han recalcado numerosas asociaciones de mujeres, ampliar el foco y hablar de violencias machistas.
La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha coincidido en señalar, al término de la reunión de la subcomisión, que se trata de un pacto mejorable, pero importante. Según Álvarez, "ha costado mucho llegar a este punto", pero desde su partido están "satisfechos" porque "hay una impronta de muchas medidas que fueron rechazadas y hoy van a empezar a ser una realidad".

Hoy el Psoe ha convocado una reunión para hablar de este pacto de Estado contra la violencia de género, en la que participan, junto a la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, y la secretaria para la Violencia de Género, Susana Ros, las secretarias autonómicas de Igualdad, portavoces de Igualdad en Congreso, Senado, Parlamento Europeo y Parlamentos autonómicos, integrantes de la Comisión de Igualdad de la FEMP, directoras de los Institutos regionales de la Mujer y organizaciones y colectivos de mujeres y personas expertas relacionadas con la lucha contra la violencia de género.
En dicha reunión Carmen Calvo ha hecho mucho hincapié en que desde el Psoe pedirán que “el dinero necesario para llevar a cabo el acuerdo sea rápido y activo”. En ese sentido propondrán crear una comisión de seguimiento que evalúe el aspecto económico cada tres meses. También ha anunciado que pedirán la revisión la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los trámites de enjuiciamiento. Calvo ha destacado la necesidad de garantizar que la prevención tenga un carácter permanente y de revisar los criterios de las campañas de sensibilización para que se dirijan fundamentalmente al público joven y al ámbito rural y de incluir la prevención en todas las etapas educativas, implicando a las Unidades de Igualdad de las universidades, que aunque existen no funcionan como deberían por falta de presupuesto.

Desde el grupo socialista insisten en devolver competencias a los Ayuntamientos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, pues son los encargados, por su cercanía, de la atención a las mujeres que necesitan ayuda.
En definitiva, los votos particulares del Psoe el viernes estarán dirigidos a garantizar la prevención, a crear mecanismos de seguimiento claros y al control de la administración de justicia.
Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar, sin contravenir el derecho, la seguridad de las mujeres.

El documento que han acordado los grupos políticos será sometido a debate y votación en la Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. Los grupos podrán presentar votos particulares con las medidas que no han logrado consenso y que ya no entrarán en el texto. A partir del lunes, el Gobierno tiene dos meses para sentarse para consensuar con las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas aunque hay disposiciones que ya puede poner en marcha.
Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento del pacto.

Medidas

Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral. La acreditación se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.
Competencias para los Ayuntamientos. Los grupos acuerdan modificar la ley de régimen local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.
Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
Protección de huérfanas y huérfanos y de hijas e hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos y huérfanas por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos e hijas recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
Educación. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. En las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial se evalúe el contenido de una materia centrada en la violencia de género. Las universidades se implicarán en la realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y abusos sexuales en esos centros educativos.
Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

Texto aprobado

1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
– Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.
Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
– Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
– Reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de las Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, con el fin de procurar un seguimiento personalizado de las víctimas de violencia de género en el territorio, impulsando la coordinación a través de mesas interdisciplinares con órganos autonómicos y locales para el seguimiento de la seguridad, protección y atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
– La puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
– Estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la viabilidad de establecer pautas y protocolos de intervención para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, así como para la atención y, en su caso, incentivación a víctimas de violencia de género que no hubieran presentado nunca denuncia pero cuentan con un certificado de servicios sociales u otro documento similar. En éste último caso, y ante la detección de riesgo real por parte de los servicios públicos, sociales o sanitarios, poner en marcha protocolos de atención social integral, especialmente proporcionando una garantía habitacional.
– Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, involucrando específicamente a las instituciones educativas y los medios de comunicación: impulsando la formación especializada en perspectiva de género para los y las profesionales de los medios de comunicación.
– En el marco del futuro Pacto por la Educación, avanzar en colaboración con las Comunidades Autónomas en la incorporación de la formación específica en Igualdad y de prevención de la violencia de género.
– Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Dicho plan deberá potenciar decididamente el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías para llegar a esas víctimas potenciales. Los menores son víctimas directas de la violencia de género y, como tales deben ser atendidos en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y con todos los derechos que asisten a las víctimas.
– Continuar avanzando y garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, así como de los abogados, procuradores, fiscales, letrados y empleados públicos de la administración de justicia, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, de conformidad con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta formación debe impartirse desde la perspectiva de género y de derechos humanos.
De conformidad con dicha disposición legal, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán en todo caso con Unidades de Valoración Forense Integral y que de ellas podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.
– Incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas. Especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ámbito judicial y de atención psicológica en juzgados; para ampliar la formación del turno de oficio especializado en violencia de género.
– Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, como el sexting o los nuevos tipos de acosos, hostigamiento, acecho o stalking tal como exige la Recomendación General n°19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado e implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboradas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. En aplicación de este Convenio, ampliar las disposiciones sobre la trata de personas que tiene especial incidencia en mujeres y niñas, sobre la mutilación genital femenina y sobre los llamados crímenes de honor.
En concreto, incluir en la LOMPIVG, al menos, las siguientes modificaciones:
– Un nuevo Título que visibilice otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o ex pareja, recogiendo preceptos relativos a la sensibilización, formación de agentes, educación, protocolos y planes de colaboración y recogida y difusión de datos, entre otros.
– Un nuevo Título que se refiera a la exigencia y términos de recogida de datos y promoción de su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y realización de encuestas basadas en la población con el fin de estudiar las causas y efectos, evaluar la incidencia y percepción social y conocer las medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer así como la eficacia de las mismas.
– Un precepto específico, dentro del Título I de la Lo 1/2004, relativo a las Medidas de sensibilización, prevención y detección que visibilice la colaboración de la sociedad civil en las acciones de concienciación pública, orientadas a la prevención y detección temprana, así como a la creación de una conciencia social de rechazo a la violencia de género.
– Incrementar las actuaciones de sensibilización para intensificar el compromiso conjunto por una sociedad libre de violencia contra la mujer, apoyando a las víctimas y rechazando a quienes provocan el maltrato.
– Luchar activamente contra el tráfico y la trata de personas así como contra la prostitución, entendidas ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la mujer, identificando en cada caso a los responsables de espacios de impunidad como el empleo de incentivos y propaganda (por ejemplo, la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita).
– Adoptar el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a la violencia de género.
– Impulsar la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, así como suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos y la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia.- Establecer la necesidad de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las denuncias presentadas por comparecencia en el Juzgado, de modo que consten en el Sistema de Seguimiento en los casos de violencia de género (VIOGEN) y se pueda valorar el riesgo de la víctima.
2. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto.
La subcomisión, que se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.
Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación.
El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación será revisado, en todo caso, cada cinco años.”
Fotos archivo AmecoPress


Política – Política y género – Violencia de género; 25 de julio. 17. AmecoPress

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK



El grupo de Hala Bedi que forma parte de la Caravana Mugak Zabalduz ha estado con Laura Curell, compañera de Iridia (Centro por la Defensa de los Derechos Humanos) quien explica que «esta actividad, tan feminizada, es uno de los principales motores económicos de Marruecos: el sistema las necesita y las explota». En un informe de Iridia se recoge que «mientras sustenta el comercio atípico que genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla», las porteadoras trabajan en una situación de «mayor fragilidad».
REPORTAJE

Porteadoras: desde los márgenes, son el eje de la economía fronteriza. Violencia estructural en la Frontera Sur


‘Las porteadoras son trabajadoras’ es uno de los lemas que acompañan a la Caravana a Melilla Mugak Zabalduz. Se refiere a uno de los sectores más invisibilizados en la vulneración de los derechos humanos en la Frontera Sur.  Mujeres situadas en los márgenes de un sistema que las explota, y al que, sin embargo, sostienen económica y socialmente.
Usando la definición de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) «las porteadoras son mujeres marroquíes, de entre 35 y 60 años, que se desplazan desde zonas fronterizas de Marruecos hasta Ceuta y Melilla para transportar mercancías que compran en los polígonos comerciales de esas ciudades autónomas (Lidl y Eroski en el caso de Ceuta), o transportar fardos, en ocasiones sin conocer el contenido, que venden o entregan a clientes al otro lado de la frontera. El hecho de que las porteadoras saquen la mercancía sobre su espalda o en sus manos (hasta 90 kilos) responde a la legislación marroquí sobre tráfico aduanero. Para el reino de Marruecos, todo lo que una persona lleva encima suya, sin limitación de peso, se considera equipaje de mano y, por tanto, en el caso de existir aranceles aduaneros, no se deberían pagar».

Forman parte junto a las empleadas domésticas y las trabajadoras sexuales de la economía informal o “comercio atípico” que se da en la frontera del sur de Europa y Marruecos

Forman parte junto a las empleadas domésticas y las trabajadoras sexuales de la economía informal o ‘comercio atípico’ que se da en la frontera del sur de Europa y Marruecos, en lo que se refiere a trabajos feminizados. Detrás de estos eufemismos confluyen varias de las violencias estructurales que sufren estas mujeres: la pobreza, el patriarcado, el capitalismo, los Estados. El último eslabón de un cadena en la que el abuso de poder y la explotación se ejerce desde todos los ámbitos, y sin embargo, la resistencia se demuestra cada día.
Las porteadoras son pobres y tienen sujetos dependientes a su cargo, son sustento familiar, según la representante de la asociación Tawaza (Martil): «Ninguna porteadora trabaja para ella misma, el dinero que ganan es para alimentar a otros». En su mayoría con hijas/os y sin otra entrada económica, viudas o madres solteras, con el desprestigio social que esto supone.

«Ninguna porteadora trabaja para ella misma, el dinero que ganan es para alimentar a otros»

Tienen negado el reconocimiento de su propia condición de trabajadoras, ya que tanto a comisión, como por cuenta propia no tienen contrato ni garantías de seguridad en el tránsito, esto significa que la policía de ambos países puede requisarles la mercancía, cerrarles el paso aleatoriamente o estar sometidas a cualquier tipo de violencia. En estos pasos operan la guardia civil y las Unidades de Intervención Policial (UIP). «Uno de los puntos donde se produce mayor violencia policial es en los pasos desde territorio español a marroquí; los casos de violencia verbal son diarios y las agresiones físicas muy comunes», según el informe publicado en abril de este 2017 por el Centro por la defensa de los Derechos Humanos Irídia, el instituto Novact y Fotomovimiento.  
Hablamos, además, de una frontera ambigua, que tal y como asegura Helena Maleno es una «frontera que se dibuja como una malla permeable que se torna rígida para la inmigración más pobre (aquella que con escaleras se dirige hacia una valla) pero totalmente ligera para la inmigración que es controlada por las redes de trata con fines de explotación». 
En el ejercicio diario otro de los problemas radica en el diseño de los pasos fronterizos, creando situaciones de tensión, amontonamiento, asfixia e incluso avalanchas, que han llegado a provocar muertes. Desde la apertura de los pasos a las seis de la mañana hasta el cierre, las porteadoras intentan atravesarlos el mayor número de veces con el fin de redondear sus ingresos, por cada fardo pueden recibir entre 3 y 5 euros. A esto hay que sumarle el deterioro de su salud, debido a la exigencia física de este trabajo, además al no estar registradas legalmente no tienen derechos de asistencia sanitaria ni prestaciones sociales.

Constituyen el motor económico de la zona fronteriza: la explotación de estas mujeres a las que el propio sistema sitúa en sus márgenes lo sostiene económica y socialmente

El último eslabón de un cadena en la que el abuso de poder y la explotación se ejerce desde todos los ámbitos, y se permite desde todos los actores implicados -Unión Europea, España, Ceuta y Marruecos, ya que es un factor fundamental para el dinamismo económico de Ceuta y Melilla. Del ‘comercio atípico’ viven directamente 45.000 personas, de las cuales el 75% son mujeres; e indirectamente otras 400.000 personas, supone el 30% de las exportaciones. Estas cifras ponen de manifiesto que el trabajo de las porteadoras no es una actividad económica secundaria y de poca trascendencia de la frontera hispano-marroquí, sino que, por el contrario, constituye el motor económico de la zona fronteriza; la explotación de estas mujeres a las que el propio sistema sitúa en sus márgenes lo sostiene económica y socialmente, de hecho, Ferrer-Gallardo (2012) afirma que el comercio atípico es tolerado por el impacto económico positivo que recae sobre la región.