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Acuerdo de mínimos contra la violencia de género
Un avance importante, aunque insuficiente, según Psoe y Podemos
Política, Política y género, Violencia de género, Madrid, Martes 25 de julio de 2017, por Redacción AmecoPress
Madrid, 25 julio. 17. Amecopress. Los partidos han llegado a un acuerdo sobre el contenido fundamental del pacto de Estado contra la violencia de género. La Ponencia del Senado y la subcomisión del Congreso, reunidas este lunes en sendas sesiones, han acordado las líneas generales de la estrategia de lucha contra la violencia machista, que en lo que va de año y según fuentes oficiales, se ha cobrado la vida de 35 mujeres. Avance, diálogo hasta un acuerdo de mínimos que adolece de un enfoque feminista.
200 medidas y cerca de 1.000 millones de inversión en cinco años. Eso es lo que han aprobado por unanimidad en la Subcomisión del Congreso, aunque PSOE y Podemos han anunciado que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate del acuerdo, previsto para el próximo viernes 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso. Si bien, las portavoces de ambos grupos se han mostrado satisfechas por el diálogo que ha permitido llegar a este “acuerdo de mínimos”, consideran que es "insuficiente" y "descafeinado".
El pacto alcanzado después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de personas expertas, contempla medidas para ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas. También otorga una especial importancia a la prevención a través de la educación
El artículo primero del pacto es uno de los temas que más ha costado cerrar, porque en él se recogen cuestiones conceptuales que lo condicionan, como la definición de la violencia de género. De acuerdo al Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Aunque el pacto recoge medidas para proteger a las víctimas de trata y de matrimonios forzados, “adolece de un enfoque feminista” según ha explicado la diputada Ángela Rodríguez, de Podemos, para quien es fundamental, como han recalcado numerosas asociaciones de mujeres, ampliar el foco y hablar de violencias machistas.
La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha coincidido en señalar, al término de la reunión de la subcomisión, que se trata de un pacto mejorable, pero importante. Según Álvarez, "ha costado mucho llegar a este punto", pero desde su partido están "satisfechos" porque "hay una impronta de muchas medidas que fueron rechazadas y hoy van a empezar a ser una realidad".
Hoy el Psoe ha convocado una reunión para hablar de este pacto de Estado contra la violencia de género, en la que participan, junto a la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, y la secretaria para la Violencia de Género, Susana Ros, las secretarias autonómicas de Igualdad, portavoces de Igualdad en Congreso, Senado, Parlamento Europeo y Parlamentos autonómicos, integrantes de la Comisión de Igualdad de la FEMP, directoras de los Institutos regionales de la Mujer y organizaciones y colectivos de mujeres y personas expertas relacionadas con la lucha contra la violencia de género.
En dicha reunión Carmen Calvo ha hecho mucho hincapié en que desde el Psoe pedirán que “el dinero necesario para llevar a cabo el acuerdo sea rápido y activo”. En ese sentido propondrán crear una comisión de seguimiento que evalúe el aspecto económico cada tres meses. También ha anunciado que pedirán la revisión la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los trámites de enjuiciamiento. Calvo ha destacado la necesidad de garantizar que la prevención tenga un carácter permanente y de revisar los criterios de las campañas de sensibilización para que se dirijan fundamentalmente al público joven y al ámbito rural y de incluir la prevención en todas las etapas educativas, implicando a las Unidades de Igualdad de las universidades, que aunque existen no funcionan como deberían por falta de presupuesto.
Desde el grupo socialista insisten en devolver competencias a los Ayuntamientos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, pues son los encargados, por su cercanía, de la atención a las mujeres que necesitan ayuda.
En definitiva, los votos particulares del Psoe el viernes estarán dirigidos a garantizar la prevención, a crear mecanismos de seguimiento claros y al control de la administración de justicia.
Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar, sin contravenir el derecho, la seguridad de las mujeres.
El documento que han acordado los grupos políticos será sometido a debate y votación en la Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. Los grupos podrán presentar votos particulares con las medidas que no han logrado consenso y que ya no entrarán en el texto. A partir del lunes, el Gobierno tiene dos meses para sentarse para consensuar con las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas aunque hay disposiciones que ya puede poner en marcha.
Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento del pacto.
Competencias para los Ayuntamientos. Los grupos acuerdan modificar la ley de régimen local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.
Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
Protección de huérfanas y huérfanos y de hijas e hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos y huérfanas por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos e hijas recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
Educación. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. En las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial se evalúe el contenido de una materia centrada en la violencia de género. Las universidades se implicarán en la realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y abusos sexuales en esos centros educativos.
Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.
– Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.
Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
– Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
– Reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de las Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, con el fin de procurar un seguimiento personalizado de las víctimas de violencia de género en el territorio, impulsando la coordinación a través de mesas interdisciplinares con órganos autonómicos y locales para el seguimiento de la seguridad, protección y atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
– La puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
– Estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la viabilidad de establecer pautas y protocolos de intervención para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, así como para la atención y, en su caso, incentivación a víctimas de violencia de género que no hubieran presentado nunca denuncia pero cuentan con un certificado de servicios sociales u otro documento similar. En éste último caso, y ante la detección de riesgo real por parte de los servicios públicos, sociales o sanitarios, poner en marcha protocolos de atención social integral, especialmente proporcionando una garantía habitacional.
– Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, involucrando específicamente a las instituciones educativas y los medios de comunicación: impulsando la formación especializada en perspectiva de género para los y las profesionales de los medios de comunicación.
– En el marco del futuro Pacto por la Educación, avanzar en colaboración con las Comunidades Autónomas en la incorporación de la formación específica en Igualdad y de prevención de la violencia de género.
– Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Dicho plan deberá potenciar decididamente el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías para llegar a esas víctimas potenciales. Los menores son víctimas directas de la violencia de género y, como tales deben ser atendidos en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y con todos los derechos que asisten a las víctimas.
– Continuar avanzando y garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, así como de los abogados, procuradores, fiscales, letrados y empleados públicos de la administración de justicia, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, de conformidad con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta formación debe impartirse desde la perspectiva de género y de derechos humanos.
De conformidad con dicha disposición legal, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán en todo caso con Unidades de Valoración Forense Integral y que de ellas podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.
– Incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas. Especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ámbito judicial y de atención psicológica en juzgados; para ampliar la formación del turno de oficio especializado en violencia de género.
– Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, como el sexting o los nuevos tipos de acosos, hostigamiento, acecho o stalking tal como exige la Recomendación General n°19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado e implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboradas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. En aplicación de este Convenio, ampliar las disposiciones sobre la trata de personas que tiene especial incidencia en mujeres y niñas, sobre la mutilación genital femenina y sobre los llamados crímenes de honor.
En concreto, incluir en la LOMPIVG, al menos, las siguientes modificaciones:
– Un nuevo Título que visibilice otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o ex pareja, recogiendo preceptos relativos a la sensibilización, formación de agentes, educación, protocolos y planes de colaboración y recogida y difusión de datos, entre otros.
– Un nuevo Título que se refiera a la exigencia y términos de recogida de datos y promoción de su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y realización de encuestas basadas en la población con el fin de estudiar las causas y efectos, evaluar la incidencia y percepción social y conocer las medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer así como la eficacia de las mismas.
– Un precepto específico, dentro del Título I de la Lo 1/2004, relativo a las Medidas de sensibilización, prevención y detección que visibilice la colaboración de la sociedad civil en las acciones de concienciación pública, orientadas a la prevención y detección temprana, así como a la creación de una conciencia social de rechazo a la violencia de género.
– Incrementar las actuaciones de sensibilización para intensificar el compromiso conjunto por una sociedad libre de violencia contra la mujer, apoyando a las víctimas y rechazando a quienes provocan el maltrato.
– Luchar activamente contra el tráfico y la trata de personas así como contra la prostitución, entendidas ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la mujer, identificando en cada caso a los responsables de espacios de impunidad como el empleo de incentivos y propaganda (por ejemplo, la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita).
– Adoptar el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a la violencia de género.
– Impulsar la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, así como suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos y la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia.- Establecer la necesidad de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las denuncias presentadas por comparecencia en el Juzgado, de modo que consten en el Sistema de Seguimiento en los casos de violencia de género (VIOGEN) y se pueda valorar el riesgo de la víctima.
2. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto.
La subcomisión, que se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.
Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación.
El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación será revisado, en todo caso, cada cinco años.”
Fotos archivo AmecoPress
Política – Política y género – Violencia de género; 25 de julio. 17. AmecoPress
200 medidas y cerca de 1.000 millones de inversión en cinco años. Eso es lo que han aprobado por unanimidad en la Subcomisión del Congreso, aunque PSOE y Podemos han anunciado que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate del acuerdo, previsto para el próximo viernes 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso. Si bien, las portavoces de ambos grupos se han mostrado satisfechas por el diálogo que ha permitido llegar a este “acuerdo de mínimos”, consideran que es "insuficiente" y "descafeinado".
El pacto alcanzado después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de personas expertas, contempla medidas para ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas. También otorga una especial importancia a la prevención a través de la educación
El artículo primero del pacto es uno de los temas que más ha costado cerrar, porque en él se recogen cuestiones conceptuales que lo condicionan, como la definición de la violencia de género. De acuerdo al Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Aunque el pacto recoge medidas para proteger a las víctimas de trata y de matrimonios forzados, “adolece de un enfoque feminista” según ha explicado la diputada Ángela Rodríguez, de Podemos, para quien es fundamental, como han recalcado numerosas asociaciones de mujeres, ampliar el foco y hablar de violencias machistas.
La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha coincidido en señalar, al término de la reunión de la subcomisión, que se trata de un pacto mejorable, pero importante. Según Álvarez, "ha costado mucho llegar a este punto", pero desde su partido están "satisfechos" porque "hay una impronta de muchas medidas que fueron rechazadas y hoy van a empezar a ser una realidad".
Hoy el Psoe ha convocado una reunión para hablar de este pacto de Estado contra la violencia de género, en la que participan, junto a la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, y la secretaria para la Violencia de Género, Susana Ros, las secretarias autonómicas de Igualdad, portavoces de Igualdad en Congreso, Senado, Parlamento Europeo y Parlamentos autonómicos, integrantes de la Comisión de Igualdad de la FEMP, directoras de los Institutos regionales de la Mujer y organizaciones y colectivos de mujeres y personas expertas relacionadas con la lucha contra la violencia de género.
En dicha reunión Carmen Calvo ha hecho mucho hincapié en que desde el Psoe pedirán que “el dinero necesario para llevar a cabo el acuerdo sea rápido y activo”. En ese sentido propondrán crear una comisión de seguimiento que evalúe el aspecto económico cada tres meses. También ha anunciado que pedirán la revisión la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los trámites de enjuiciamiento. Calvo ha destacado la necesidad de garantizar que la prevención tenga un carácter permanente y de revisar los criterios de las campañas de sensibilización para que se dirijan fundamentalmente al público joven y al ámbito rural y de incluir la prevención en todas las etapas educativas, implicando a las Unidades de Igualdad de las universidades, que aunque existen no funcionan como deberían por falta de presupuesto.
Desde el grupo socialista insisten en devolver competencias a los Ayuntamientos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, pues son los encargados, por su cercanía, de la atención a las mujeres que necesitan ayuda.
En definitiva, los votos particulares del Psoe el viernes estarán dirigidos a garantizar la prevención, a crear mecanismos de seguimiento claros y al control de la administración de justicia.
Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar, sin contravenir el derecho, la seguridad de las mujeres.
El documento que han acordado los grupos políticos será sometido a debate y votación en la Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. Los grupos podrán presentar votos particulares con las medidas que no han logrado consenso y que ya no entrarán en el texto. A partir del lunes, el Gobierno tiene dos meses para sentarse para consensuar con las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas aunque hay disposiciones que ya puede poner en marcha.
Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento del pacto.
Medidas
Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral. La acreditación se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.Competencias para los Ayuntamientos. Los grupos acuerdan modificar la ley de régimen local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.
Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
Protección de huérfanas y huérfanos y de hijas e hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos y huérfanas por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos e hijas recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
Educación. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. En las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial se evalúe el contenido de una materia centrada en la violencia de género. Las universidades se implicarán en la realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y abusos sexuales en esos centros educativos.
Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.
Texto aprobado
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:– Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.
Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.
– Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
– Reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de las Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, con el fin de procurar un seguimiento personalizado de las víctimas de violencia de género en el territorio, impulsando la coordinación a través de mesas interdisciplinares con órganos autonómicos y locales para el seguimiento de la seguridad, protección y atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.
– La puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
– Estudiar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la viabilidad de establecer pautas y protocolos de intervención para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, así como para la atención y, en su caso, incentivación a víctimas de violencia de género que no hubieran presentado nunca denuncia pero cuentan con un certificado de servicios sociales u otro documento similar. En éste último caso, y ante la detección de riesgo real por parte de los servicios públicos, sociales o sanitarios, poner en marcha protocolos de atención social integral, especialmente proporcionando una garantía habitacional.
– Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, involucrando específicamente a las instituciones educativas y los medios de comunicación: impulsando la formación especializada en perspectiva de género para los y las profesionales de los medios de comunicación.
– En el marco del futuro Pacto por la Educación, avanzar en colaboración con las Comunidades Autónomas en la incorporación de la formación específica en Igualdad y de prevención de la violencia de género.
– Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Dicho plan deberá potenciar decididamente el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías para llegar a esas víctimas potenciales. Los menores son víctimas directas de la violencia de género y, como tales deben ser atendidos en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y con todos los derechos que asisten a las víctimas.
– Continuar avanzando y garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados, así como de los abogados, procuradores, fiscales, letrados y empleados públicos de la administración de justicia, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, de conformidad con la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta formación debe impartirse desde la perspectiva de género y de derechos humanos.
De conformidad con dicha disposición legal, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán en todo caso con Unidades de Valoración Forense Integral y que de ellas podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.
– Incrementar la formación específica en violencia machista de todo el personal especializado que intervenga en la atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas. Especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ámbito judicial y de atención psicológica en juzgados; para ampliar la formación del turno de oficio especializado en violencia de género.
– Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, como el sexting o los nuevos tipos de acosos, hostigamiento, acecho o stalking tal como exige la Recomendación General n°19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado e implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboradas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. En aplicación de este Convenio, ampliar las disposiciones sobre la trata de personas que tiene especial incidencia en mujeres y niñas, sobre la mutilación genital femenina y sobre los llamados crímenes de honor.
En concreto, incluir en la LOMPIVG, al menos, las siguientes modificaciones:
– Un nuevo Título que visibilice otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o ex pareja, recogiendo preceptos relativos a la sensibilización, formación de agentes, educación, protocolos y planes de colaboración y recogida y difusión de datos, entre otros.
– Un nuevo Título que se refiera a la exigencia y términos de recogida de datos y promoción de su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y realización de encuestas basadas en la población con el fin de estudiar las causas y efectos, evaluar la incidencia y percepción social y conocer las medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer así como la eficacia de las mismas.
– Un precepto específico, dentro del Título I de la Lo 1/2004, relativo a las Medidas de sensibilización, prevención y detección que visibilice la colaboración de la sociedad civil en las acciones de concienciación pública, orientadas a la prevención y detección temprana, así como a la creación de una conciencia social de rechazo a la violencia de género.
– Incrementar las actuaciones de sensibilización para intensificar el compromiso conjunto por una sociedad libre de violencia contra la mujer, apoyando a las víctimas y rechazando a quienes provocan el maltrato.
– Luchar activamente contra el tráfico y la trata de personas así como contra la prostitución, entendidas ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la mujer, identificando en cada caso a los responsables de espacios de impunidad como el empleo de incentivos y propaganda (por ejemplo, la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita).
– Adoptar el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a la violencia de género.
– Impulsar la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, así como suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos y la preceptividad de la asistencia letrada antes de la interposición de la denuncia.- Establecer la necesidad de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las denuncias presentadas por comparecencia en el Juzgado, de modo que consten en el Sistema de Seguimiento en los casos de violencia de género (VIOGEN) y se pueda valorar el riesgo de la víctima.
2. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto.
La subcomisión, que se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.
Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación.
El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación será revisado, en todo caso, cada cinco años.”
Fotos archivo AmecoPress
Política – Política y género – Violencia de género; 25 de julio. 17. AmecoPress
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