Al cumplirse dos años de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo
El desarrollo normativo de la Ley de aborto se encuentra estancado
Según ACAI, la reforma anunciada situaría a España entre los países
menos respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos de sus
mujeres
adrid,
04 jul. 12. AmecoPress.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo, ACAI, considera que durante estos dos
primeros años de vigencia de la ley las mujeres han podido decidir sin
tutelas sobre su maternidad, ya que el desarrollo de la norma ha
facilitando y normalizado el acceso a la prestación sanitaria de aborto
sin tener que justificar una decisión íntima y personal.
Bajo
estas premisas, y según estudios de los centros acreditados, un 62’35%
de las mujeres que abortan lo harían en cualquier circunstancia, no
siendo sus motivaciones ni económicas, ni laborales, ni afectivas. En
consecuencia, volver a una ley de supuestos restrictiva como la que
apunta el Titular de Justicia, sería negarle a más de un 60% de mujeres
su derecho a decidir, situándolas en los estrechos márgenes de la
clandestinidad; ya que una mujer que decide abortar lo hará con amparo
legal o sin el.
De producirse
esta regresión normativa, en contra de todas las recomendaciones de los
organismos y tratados internacionales (entre ellas las de la OMS);
España podría ver incrementados los índices de morbimortalidad entre las
mujeres que abortarían en cualquier circunstancia, sobre todo entre
aquellas que no pudieran recurrir, por razones económicas, a un aborto
fuera de nuestro país.
Asimismo, ACAI
considera que la normalización del recurso ha sido posible gracias a la
voluntad de los centros acreditados, quienes se han convertido de
“hecho” en centros públicos a los que son derivadas las mujeres. Esta
asimilación del recurso por parte de las clínicas acreditadas está
situando a muchas de ellas al borde de la quiebra, ya que la falta de un
partida presupuestaria específica en la ley y la escasa voluntad
política de determinadas administraciones están incrementando la deuda
acumulada con los centros asociados a ACAI en toda España, hasta
situarla en más de 8 millones de euros (1.333.280.000 de Ptas.)
Para ACAI la
situación de asfixia económica a la que se está sometiendo a los centros
responde a un intento de frenar la normalización de un recurso que
según las declaraciones de los dirigentes populares, dejará de ser
considerado como prestación sanitaria básica antes incluso de la
anunciada reforma legislativa, prevista para el próximo otoño.
Por otra parte,
los/as profesionales de los centros quieren señalar que en contra de lo
que pronosticaron desde distintos ámbitos políticos y sociales, la
norma no ha supuesto un incremento del número de abortos; ya que las
ligeras fluctuaciones que se han podido producir en las cifras globales
derivan de una parte de la normalización del aborto no regularizado y de
otra parte de la ralentización en la llegada de mujeres inmigrantes en
edad reproductiva a nuestro país, consecuencia de la crisis económica; o
de la asimilación del método contraceptivo por las residentes.
Fluctuaciones más o menos acusadas en función de las particularidades de
cada autonomía.
Para ACAI el
desarrollo de la norma ha venido a corroborar lo que siempre sostuvo
esta asociación: que las menores y más concretamente las mujeres de 16 y
17 años siguen viniendo mayoritariamente acompañadas de sus padres,
como ya sucedía con la anterior ley; careciendo por tanto de sentido la
intención del Partido Popular que aboga por eliminar la posibilidad de
que las menores de 16 y 17 años puedan evitar en determinadas
circunstancias el conocimiento paterno/materno de su gestación en el
acceso al aborto.
Según las
cifras que maneja la Asociación de Centros tan solo entre un 3 y un 4%
(según clínicas) de las menores de 16 y 17 años que accedieron a un
aborto, lo hizo sin conocimiento de su tutor legal. En todos los casos
se trataba de situaciones de especial vulnerabilidad: menores en
desamparo, padres con toxicomanías, progenitores en prisión, inmigrantes
que residen solas en el país, abusos en el seno familiar…En
consecuencia, negar a ese grupo minoritario, pero especialmente
vulnerable, la posibilidad de acceder a una interrupción sin
conocimiento paterno/materno, es abocarlas a un aborto clandestino o
inseguro.
Por otra parte,
ACAI denuncia que a día de hoy no se ha conseguido un acceso equitativo
en todo el territorio dado que la variedad de conciertos o acuerdos de
derivación existentes, uno por cada autonomía, está dando lugar a cauces
de acceso tan diferentes que la mujer no tiene ni las mismas
posibilidades de acceso a la prestación en cualquier punto de la
geografía española, ni lo hace bajo las mismas condiciones. Dándose la
circunstancia (caso de Castilla y León o Cantabria) de que en algunos
casos el periplo médico y vital que una mujer puede tener que vivenciar
para acceder a la financiación pública, puede conducirla a renunciar a
la gratuidad de la intervención.
Pese a que la
ley establece de manera categórica la necesidad de preservar la
intimidad y confidencialidad de los datos de aquellas mujeres que
acceden a la prestación; así como la obligatoriedad de codificar estos
datos de carácter personal; hoy por hoy nos encontramos con que los
datos de las usuarias quedan al descubierto durante el proceso de
derivación en algunas comunidades autónomas tales como Murcia, Galicia o
Valencia, sin que los centros acreditados tengan responsabilidad alguna
en la revelación de dichos datos personales.
Para los/as
profesionales de los centros, la ley se encuentra estancada en todos
aquellos aspectos relativos a las medidas preventivas, la educación
sexual, políticas dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, así
como, en relación al desarrollo de una anticoncepción universal.
Aspectos estos también contemplados en la norma y que simplemente son
sistemáticamente obviados por las administraciones, cuando no
obstaculizados.
Por último,
ACAI insta al Ejecutivo a que reconsidere su postura, ya que tal y como
afirman todos los organismos internacionales involucrados en la salud
sexual y reproductiva de mujeres y hombres: las leyes restrictivas en
materia de aborto en modo alguno favorecen la maternidad. Ya que una
mujer que desea abortar lo hará en cualquier circunstancia, sea esta
legal o no. Por tanto restringir el acceso a la interrupción del
embarazo solo sirve para fomentar el aborto clandestino, el éxodo
abortivo y la morbimortalidad entre las mujeres que acceden a un aborto.
