Gobierno vasco y jueces piden más implicación social mientras les llueven críticas por no haber evitado el crimen
Deisy se armó de valor y denunció a Héctor tras dos décadas de matrimonio porque estaba harta de sus golpes. El juez consideró que había riesgos y dictó una orden de alejamiento contra él que fue efectiva a partir del 1 de junio. Y el lunes, hace dos días, y pese a esa medida de protección, la mató.
- Es evidente que algo no funciona. ¿Qué ha fallado?
- Durante los últimos meses no se tuvo conocimiento de que hubiese habido ni quebrantamiento de la orden de alejamiento ni de ninguna otra circunstancia más allá de la que en su día le llevó a ella a interponer la denuncia -aclara Mariola Serrano, directora de la Oficina de Atención a la Violencia de Género del Gobierno vasco-. La valoración del riesgo es dinámica, no estática. Es decir, se toman medidas de protección en un determinado momento que son adecuadas en función de las circunstancias de ese momento. Y no había constancia de que hubiese habido más incidentes desde entonces.
Sí los había habido. Héctor, de 38 años y conocido como 'Cara Quemada', había dicho a algún vecino «ya no me quiere, la tengo que matar», tras haber solicitado ella el divorcio veinte años después de haberse casado en Ecuador, país del que ambos eran originarios. La vigilaba desde los bares o oculto tras una esquina. Caminaba por su calle de madrugada. Ahora es fácil proclamar que la tragedia se venía venir. Anteayer esperó a que los tres hijos del matrimonio, de entre 11 y 17 años, estuvieran fuera de casa, situada en la céntrica calle Fernández del Campo, en Bilbao. Y mató a Deisy, de 36 años, tras asestarle media docena de puñaladas.
La Ertzaintza dijo ayer que no tenía conocimiento alguno del obsesivo hostigamiento al que Héctor estaba sometiendo a su ex esposa. Y desde la oficina de atención a las víctimas también aseguran que, pese a las entrevistas telefónicas y presenciales que habían tenido con Deisy de manera regular, la mujer no había denunciado el acoso al que estaba siendo expuesta.
Por eso, tanto Serrano como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pidieron que tanto las mujeres afectadas como su entorno (familia, amigos, vecinos) denuncien el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. «No es posible que la autoridad judicial o policial pueda actuar sin conocer que ha habido un quebrantamiento, y sólo puede conocerlo si los que nos sentimos solidarios con las mujeres víctimas reaccionamos de manera positiva y nos comprometemos a denunciar».
Investigación «a fondo»
Cuando algunos vecinos conocieron el llamamiento se sintieron, de algún modo, agredidos. «¿Cómo iba a saber yo que había una orden de alejamiento? No es algo que nadie vaya anunciando por ahí. De haberlo sabido, naturalmente que hubiese denunciado. Parece que nos están cargando con una responsabilidad que no han tenido ni los jueces ni la Policía», condenaba un residente en el mismo edificio donde se produjo el crimen.
Igual de directo fue el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, José María Azkuenaga, quien reclamó una investigación «a fondo» para «depurar responsabilidades» por los posibles «fallos» cometidos en el cumplimiento del protocolo de atención a la víctima.
La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, también es crítica. «La mujer se juega la vida por el mero hecho de denunciar y a partir de ese momento Gobierno, servicios sociales, Ertzaintza... la Administración en general, deberían poner todos los medios para protegerla». A su juicio, «un papel en el que se recoge el auto judicial de protección no es suficiente» si no va acompañado de otras medidas.
¿Cuáles? Por ejemplo, escoltas. Aunque en Euskadi sólo 46 mujeres son protegidas por guardaespaldas, de las más de 4.000 que cada año denuncian ser víctimas de violencia machista. También están los localizadores de proximidad GPS, que detectan cuando el agresor se acerca a su ex pareja. «Llevamos meses trabajando con la Fiscalía para impulsar estos dispositivos», señala Mariola Serrano. Ahora, hay veinte funcionando en Euskadi.
De manera paralela, desde el Gobierno vasco ya han anunciado también que se disponen a revisar los procedimientos de medición de riesgos para intentar evitar más crímenes machistas. En realidad «trabajamos constantemente en la revisión de los procedimientos», proclama Mariola Serrano, y ello les llevó el año pasado a ofrecer escolta a todas las maltratadas en riesgo extremo. Además, no descartan explorar la posibilidad de someter a un control al agresor «dentro de los límites legales». Un asunto peliagudo porque, en principio, supone una restricción de derechos que sólo a un juez le corresponde determinar.
Y a finales de año se incorporará un GPS a los teléfonos 'bortxa'. Sirven para poner en contacto directo a la mujer maltratada con la Ertzaintza. Deisy tenía uno.
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