María Naredo Molero es jurista e investigadora
especializada en género y derechos humanos. Coordinó en España la
campaña de Amnistía Internacional 'No más violencia contra las Mujeres' y
recala estos días en Vitoria-Gasteiz para repasar junto al tejido
asociativo la aplicación efectiva de la Ley Integral de Violencia de
Género tras diez años de vigencia. Es un taller englobado en la
programación de La Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las
Mujeres, en el que se tratan los avances y retrocesos en la atención
integral a las víctimas, desde las acciones en el ámbito el ámbito
sanitario, la obtención de justicia o el derecho a la reparación. En su
análisis esta experta reclama "menos postureo, menos discursos" y "más
voluntad social y política traducida en euros para combatir la violencia
de género". Se pregunta cómo a estas alturas es posible la impunidad
social frente a los agresores y en ese sentido exige ser "mucho más
tajantes en el ostracismo a los maltratadores".
Según los último informes, 14 de los 15 casos mortales en los que las
mujeres habían interpuesto una denuncia, la Policía no halló indicios de
peligro en su situación. De hecho, tenían una valoración de riesgo bajo
o no apreciado. ¿Qué está fallando?
La valoración del riesgo se está realizando con unas
metodologías que no son en absoluto fiables. Pero esas herramientas se
pueden modificar. Lo más preocupante es que si en lo Policial se realiza
la evaluación del riesgo en una parte de los casos, que no llega a ser
nunca el 100%, en el ámbito judicial se realiza en una escasísima
minoría de los casos. Esto es realmente grave. Nos podemos equivocar en
la valoración del riesgo pero si ni siquiera hacemos valoración del
riesgo, dónde vamos. El estado está fallando de manera evidente. La Ley
integral con la creación hace diez años de los juzgados especializados
quiso poner de relieve que estos casos son muy complejos. A menudo la
única testigo es la víctima. Hay un déficit de pruebas importante que
debe ser sustituido por una diligencia mucho mayor en los informes
periciales, en recabar testigos y otra serie de pruebas periféricas que
tiene que ayudar a esclarecer los hechos y a evidenciar las necesidades
de protección de la víctima. No se ha ido haciendo porque se le sigue
dando una importancia menor a los casos de violencia de género. La Ley
no ha combatido este prejuicio. Los casos de violencia de género se
siguen considerando como casos menores. A menudo se observa la capa o el
barniz, un empujón o unos insultos pero no lo que esconden, verdaderas
situaciones de maltrato de enorme gravedad tanto psicológico, como
sexual como físico. El sistema judicial no profundiza en lo que hay
debajo de esos insultos o de ese empujón. La puesta en marcha de la Ley
requiere una revisión a fondo.
"Las mujeres denuncian poco y por eso no se les puede ayudar". Esas
fueron las polémicas palabras de la exministra Ana Mato que fueron
después apoyadas por la responsable del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. ¿Trasladar así parte de la
responsabilidad a las propias víctimas es un desatino?
Total. Tenemos que salir de esas lógicas, de esos discursos. Se vuelve a
responsabilizar a las mujeres de lo que les está pasando. Hay que
hacerse otras preguntas. El estado no son solo los jueces y la Policía.
Las mujeres que luego fueron asesinadas y no denunciaron previamente
¿habían ido a su médica de cabecera?; ¿por qué no se las identificó como
posibles víctimas?; ¿cuál está siendo el rol del sector sanitario?;
¿tenían hijos e hijas en edad escolar? y si es así ¿cuál es el rol de
las escuelas con los hijos e hijas de las víctimas que muy a menudo
evidencian también que la violencia a través de sus síntomas?; ¿cuál
está siendo la implicación de otras esferas de lo estatal?. La Ley
integral responsabilizó de manera muy importante al sector sanitario,
porque hay datos que nos dicen que si bien sólo una cuarta parte de las
víctimas interponen denuncia, el 100% acuden a su médico con dolencias
sin especificar. Ante ellas, una profesional con formación puede
identificar a una víctima que no confiese que está siendo maltratada.
¿Por qué los responsables políticos no hablan del rol de esos otros
sectores y por qué no nos preparamos para coadyuvar desde ellos? Debemos
reflexionar sobre todo esto para ofrecer respuestas más eficaces contra
esta lacra.
Las que sí denuncian ¿tienen garantizada su protección?
Esa es otra pregunta clave. ¿Qué está pasando con las mujeres que sí
denuncian? Cuando llegan a lo judicial han roto muchas barreras
internas, de presiones familiares. “No destapes esto", "no irás a meter
en la cárcel a quien fue tu marido”, son las frases que les repiten.
Estas mujeres rebasan todo esto y qué se encuentran después. Muchas no
son creídas, o se archiva su caso o se absuelve al agresor por falta de
pruebas en una instrucción que no ha sido completa. Tenemos que
reflexionar como activistas y profesionales. En estos temas se insiste
una y otra vez en la sensibilización, en la concienciación pero hay que
poner más énfasis en la formación. Es absolutamente indispensable que
estos profesionales que trabajan en estos ámbitos tan sensibles, un
juez, un fiscal, un abogado... sean profesionales con suficiente
formación.
Las campañas se dirigen mayoritariamente a las víctimas, no hacia los maltratadores. ¿Es acertado este enfoque?
Se está muy acostumbrado a decirle a las mujeres lo que tienen que
hacer – como en tantos ámbitos- y a que sean las mujeres las que lleven
la mochila sobre sus hombros. ¿Qué sucede con los potenciales
agresores? Hemos de replantearnos la población diana, a quién dirijo
el mensaje. Tenemos de aprender de los países escandinavos, de las
numerosas campañas bien dotadas económicamente y dirigiendo los mensajes
a la población masculina. Ese es otro de los retos pendientes. Pero por
otra parte, el análisis de las campañas evidencia cuáles son las
prioridades para el Gobierno. ¿Cuál es el gasto que el Gobierno central
está dedicando a las campañas contra la violencia de género y a la
evaluación de los resultados? Se dedica el doble del presupuestos a las
campañas de reclutamiento del ejército y para la mejora de la imagen del
ejército que para las campañas contra la violencia de género, que es
quizás la mayor violación de derechos humanos que se comete en nuestro
país. La cuantía nos dice algo respecto de las prioridades del Gobierno.
Pero después analicemos la extensión de estas campañas. Frente a las
campañas de seguridad vial u otras anuales, que se extienden del uno de
enero al 31 de diciembre, las campañas contra la violencia machista no
duran ni un mes, del 26 de noviembre a mediados de diciembre y no se
dedica ni un euro a evaluar sus resultados.
Las mujeres nos hablan de lo 'revictimizantes' que pueden ser las medidas de protección para ellas. Hay que buscar una solución. Puede ser diversa pero, por supuesto, en los agresores penados, un sistema de seguimiento se impone.
Hay propuestas que plantean
ponerles a los agresores el seguimiento, perseguirles a ellos puesto que
para ellas es añadir a su padecimiento un señalamiento público, ¿qué
opinión le merecen?
Hay un problema grave
con agresores que continúan amenazando tras pasar un proceso judicial.
Esto tiene que ver con el derecho de las víctimas a la reparación y con
las garantías de no repetición de los abusos. Los agresores siguen ahí.
Hay que poner algún tipo de remedio para que el coste de todo esto no lo
sufran las mujeres. ¿Qué calidad de vida tiene las víctimas de maltrato
incluso después de haber recorrido todo el proceso judicial? ¿Qué
calidad de vida tiene una mujer que lleva ese GPS que le pita en
numerosas ocasiones, que parece que es ella la controlada? Las mujeres
nos hablan de lo 'revictimizantes' que pueden ser estas medidas para
ellas. Hay que buscar una solución. Puede ser diversa pero, si esto no
está funcionando y así nos lo hacen saber muchas mujeres, hay que
plantearse otras vías y por supuesto, en los agresores penados, un
sistema de seguimiento se impone.
¿El machismo sostiene la violencia?
Por supuesto. Hemos de seguir hablando de las raíces de esta violencia.
Yo suelo poner como ejemplo el de un agresor, con orden de protección y
denuncia interpuesta, que semanas antes de acabar con su víctima se
jactaba de que la iba a matar en el bar mientras tomaba una cerveza.
¿Cómo es posible esa impunidad social? Debemos poner coto y ser muchos
más tajantes en el ostracismo a los agresores. Cuando hablo de
ostracismo no me refiero a empujar al maltratador a una isla desierta
sino mantener una firme y unánime posición social frente al machismo en
todos sus grados, desde el más leve hasta el más grave. Si el contexto
social sigue siendo de tolerancia, la violencia machista va a seguir
ahí.
Se oía en el Congreso hace dos días, en violencia de género no vale el 'postureo', ¿cree usted que hay 'postureo'?
Hay mucho discurso entre los políticos y en la sociedad en general pero
la voluntad real para revertir esto y el compromiso real con las
víctimas falla. Frente a las víctimas no puede haber permanentes juicios
de valor, dudas ... tiene que haber un posicionamiento de cierre de
filas igual que lo hay respecto a las víctimas de otros delitos o del
terrorismo. Estamos acostumbrados demasiado a menudo a oír cómo se
ningunea, cómo se crítica a las propias víctimas en sus actuaciones, en
sus expectativas … y esto es un regalo a los agresores. Tiene que haber
un cierre de filas y una voluntad política traducida en euros. No
solamente en juzgados especializados sino en formación de profesionales y
prevención, uno de los ámbitos que ha sido la hermanita pobre de la
Ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario