La Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, publicada coincidiendo con el inicio del año judicial, pone de manifiesto el descenso del número de mujeres que decidieron volver a convivir con su agresor, a pesar de que sobre estos pesara una orden de alejamiento: el porcentaje disminuyó del 15,9 por ciento en 2009 al 9,4 por ciento en 2010.
Sin embargo, una de las propuestas que hace la Fiscalía pasa por la "flexibilización" de la normativa que impone el alejamiento de forma obligatoria, con la finalidad de evitar "quebrantamientos de condena". La memoria recuerda que en los casos con sentencia firme no existe la posibilidad de suspender la prohibición de aproximación. Además, interpreta que, en algunos casos, cuando la víctima decide volver a vivir con su agresor porque no tienen medios económicos que les permitan estar separados, el cumplimiento de dicho alejamiento puede llegar a ser "imposible".
La propuesta de hacer más flexibles las órdenes de alejamiento encuentra con la rotunda oposición de las expertas. La abogada Consuelo Abril, que fue presidenta de la Comisión de Malos Tratos, insiste: “cuando se dicta una orden de alejamiento, es porque previamente ha habido un delito y porque existen elementos de riesgo para la vida de las víctimas; por tanto, la pena deja de estar en manos de las víctimas, no dependen de su voluntad; es un delito público y el Estado debe actuar como tal”.
Las órdenes de alejamiento deben cumplirse o se perpetuará el maltrato. “Estamos hablando de la vida de las mujeres, de una plaga inaceptable”, recuerda Abril, “debemos ser muy firmes”
Otra de las propuestas de la Fiscalía, apelada por diversas instituciones jurídicas en otras ocasiones, es la de modificar la ley para impedir que las denunciantes se acojan a su derecho a no declarar en el juicio, con el fin, en este caso, de evitar absoluciones que no deberían serlo.
La experta recuerda que ciertamente la declaración de la víctima es el “elemento probatorio fundamental, si no el único” y por ello aprueba la recomendación de la Fiscalía y manifiesta su confianza en el testimonio de las víctimas, siempre y cuando se garantice que declaran en las condiciones idóneas”.
El comprensible miedo a declarar de las víctimas es uno de los mayores problemas de la lucha contra la violencia de género, por lo que Abril también recuerda que “tenemos que garantizar su protección y entender que las víctimas de la violencia machista están amedrentadas, atemorizadas”
Acusaciones sin fundamento
El informe de la Fiscalía también pone de manifiesto que las críticas a la Ley Integral contra la Violencia de Género basadas en las denuncias falsas interpuestas por "hipotéticas víctimas" para "obtener privilegios" no tienen fundamento. "Ninguno de sus emisores aportaba dato alguno", asegura el documento en el que se contabilizan menos de 30 denuncias falsas en dos años (2009 y 2010), lo que supone menos de un 0,01 por ciento del total de denuncias por maltrato.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también recuerda que el año pasado murieron 73 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y propone llevar a cabo un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia machista para "dar la más eficaz respuesta penal frente al maltratador, cuyo perfil no es todavía bien conocido".
Estado español – Violencia de género – Maltratos – Legislación y género – Movimiento feminista; 16 septiembre (11);
