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Guardar en PDF Madrid, 15. Jul. 2011. AmecoPress. Amnistía Internacional y la Red Española contra la Trata de Personas valoran positivamente los esfuerzos que el Parlamento español está haciendo para proteger a las mujeres inmigrantes en situación irregular víctimas de violencia de género o de trata. “Con la aprobación de la reforma de los artículos relativos a la protección de las víctimas de violencia de género y trata de seres humanos de la Ley de Extranjería, el Estado español da un paso adelante para eliminar las trabas que están encontrando estas víctimas para disfrutar de una protección efectiva cuando se encuentran en situación irregular en nuestro país”, señaló ayer Virginia Álvarez, responsable de Política interior de Amnistía Internacional España.
Hasta la fecha, las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género se encontraban con la amenaza de que se les abriera un procedimiento de expulsión si presentaban una denuncia en comisaría.
Ayer, 14 de julio, el Parlamento aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que regula la entrada y estancia de los extranjeros extra comunitarios en España. Esta reforma afecta a los artículos 31 bis y 59 bis, mejorando la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular sometidas a violencia de género y de las víctimas de trata, respectivamente.
Mejoras que incluye la ley
En relación con violencia de género, no se incoarán expedientes de expulsión por estancia irregular en España en el momento en que una mujer realiza una denuncia por violencia de género. Si la mujer, antes de sufrir violencia de género, tuviera incoado dicho expediente, éste se suspenderá mientras se investiga la denuncia. Asimismo, se protegerá también a hijos e hijas y otros familiares a cargo de las mujeres victimas de violencia de género, concediéndoles un permiso de residencia y de trabajo hasta que se resuelva el caso.
“Hasta la fecha, las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género se encontraban con la amenaza de que se les abriera un procedimiento de expulsión si presentaban una denuncia en comisaría. Este elemento ha sido en muchas ocasiones altamente disuasorio. No podemos olvidar el alto porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, centrándonos sólo en las cifras de mujeres asesinadas por sus ex parejas en 2010, del total de 73, 27 eran mujeres extranjeras”, señaló Virginia Álvarez.
En relación con víctimas de trata, no se abrirá un expediente sancionador ni durante la fase de identificación de las víctimas, ni durante el periodo de restablecimiento y reflexión, en el cuál éstas pueden decidir si cooperan en la investigación del delito y en el procedimiento penal. Los expedientes abiertos se paralizarán en este periodo. Se protegerá también a los hijos e hijas menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España en el momento de la identificación, previendo la autorización de residencia y un permiso de trabajo en el caso de los hijos mayores de 16 años. Tras el periodo de reflexión, las administraciones deberán realizar una evaluación de la situación personal de cada víctima, antes de proceder a incoar ningún procedimiento de expulsión.
Preocupaciones de las organizaciones
Pese a las mejoras que incluye la nueva reforma en relación con la violencia de género, Amnistía Internacional quiere alertar de que el control migratorio sigue teniendo más peso que la protección de los derechos humanos de las víctimas.
“La incoación de un expediente de expulsión se aplaza, pero llegará al final del proceso”, señaló Virginia Álvarez. “Para Amnistía Internacional en estos casos el control migratorio debe relegarse a un segundo plano, ya que en muchas ocasiones estas mujeres se enfrentan a prejuicios en torno a la veracidad de sus denuncias, y a dificultades para acreditar la violencia de género que padecen. Esto no quiere decir que las denuncias sean falsas y sin embargo pueden dejarlas sin protección”.
Y en relación con las víctimas de trata, la Red Española contra la Trata de Personas, a la que pertenece Amnistía Internacional junto a 20 organizaciones más, lamenta que las modificaciones sobre protección a estas víctimas se recojan sólo en la Ley de Extranjería.
“Es necesario que el Estado español responda a las obligaciones de prevenir y perseguir este delito, pero sobre todo es imprescindible que proteja y atienda a las víctimas. Las mejoras son un paso, pero se debe incorporar al marco legislativo español lo previsto tanto en el Convenio contra la Trata de Personas del Consejo de Europa como en la recién aprobada Directiva europea”, declara Marta González, Coordinadora de Proyecto Esperanza.
En estos momentos el Gobierno está elaborando el Protocolo Marco para la coordinación entre las autoridades competentes y las entidades de la sociedad civil para identificar y asistir a las víctimas de trata de seres humanos.
Las ONG de la Red han demandado un proceso participativo en su elaboración, tal y como el Estado español se comprometió al ratificar el Convenio Europeo contra la Trata de Personas.
"Todavía queda mucho por hacer. Debe asegurarse también que estas víctimas pueden acceder a procesos de protección internacional como el asilo y lo más importante, establecer mecanismos que permitan que se las identifique adecuadamente, y que reciban el apoyo y la información necesaria sobre sus derechos”, manifestó Virginia Álvarez.
La Red lamenta que en el reciente II Informe sobre el Estado del Plan Integral para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, por segundo año consecutivo el Gobierno siga sin aportar datos de protección de las víctimas. “Sabemos que la policía ha identificado durante el 2010 a 1.643 víctimas, pero no se sabe qué protección han obtenido, ni cuál ha sido su paradero”, declara Viviana Weisman, directora de Women´s Link Worlwide.
Fotos AmecoPress
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